Luego de varios años en los que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia intentó negociar con Chile un nuevo tipo de diplomacia, a la que llamaron “La diplomacia de los Pueblos”, para tratar los puntos en conflicto permanente como son el acceso soberano al mar, el problema de las aguas de los manantiales del Silala, la apropiación indebida de las aguas del río Lauca y otros; el Gobierno boliviano, por fin, se convenció de que ninguna diplomacia torcerá la Política de Estado que mantiene incólume la nación trasandina desde que se fundó la República chilena y desde que en 1879 se apropió ilegalmente del Litoral boliviano.

Sin embargo, la candidez de la Cancillería boliviana ensayó el cumplimiento por parte de Chile del acuerdo “de los trece puntos”, firmado entre ambas cancillerías en la esperanza de que habría flexibilidad chilena.

El acuerdo de los trece puntos contemplaba, entre otras cosas, el de poner en el tapete de las discusiones los puntos acordados, más la diplomacia chilena, muy hábilmente distraía la atención de la posición boliviana con argumentos dilatorios que la Cancillería boliviana los tomaba como circunstancias normales en el curso de la negociación, pero se dio preferencia a los puntos que favorecían únicamente al comercio entre las dos naciones donde la parte del león, como de costumbre, se la lleva el país trasandino, mientras los puntos trascendentales no se los tocaba gracias a la habilidad de la representación mapochina.

Posteriormente, se puso en tapete de aceptación el preacuerdo entre Bolivia y Chile sobre las aguas del Silala, en él se considera que los manantiales del Silala son un Río Internacional; prioriza el beneficio de las transnacionales chilenas con recursos hídricos bolivianos. Señala que la propiedad del recurso hídrico es compartida entre Chile y Bolivia.

Como se ve, todo a favor de Chile, pues a la fecha y desde siempre las aguas de los manantiales nunca han sido utilizadas por Bolivia y por ello según una disposición legal de las Naciones Unidas, en el caso de cursos internacionales tendrán preferencia en su aprovechamiento cuando dichas aguas sean de uso para el consumo poblacional, que es el caso actual donde las aguas abastecen a poblaciones chilenas situadas en el desierto de Atacama, desierto colmado de riquezas mineras que pertenecía a Bolivia antes de la invasión chilena en el año 1879.

Luego del establecimiento del preacuerdo entre Bolivia y Chile sobre las aguas del Silala, la diplomacia boliviana posiblemente se dio cuenta de su error inconcebible y no alegó nada más, mientras que en los círculos oficiales chilenos se calificó al preacuerdo como suficiente para ellos, por lo cual no mereció más comentarios.

Anterior a ese preacuerdo, la tesis boliviana que, por otra parte, representa la verdad, es que son manantiales en pleno territorio boliviano, ya que históricamente los manantiales se colectaron con canales para verterlos a un canal artificial y principal para verter las aguas en territorio chileno y ser aprovechadas. Antes de la construcción de los canales, nunca jamás ni un litro de agua procedente de los manantiales fluía hacia territorio chileno, es decir, no existía ningún río, mucho menos internacional.

A la fecha, la parte boliviana, parece que del problema se ha olvidado completamente, inclusive de la “deuda histórica” que alcanza a varios miles de millones en moneda nacional. En ese sentido nuestro derecho sobre el Silala será de un futuro igualmente triste como el del río Lauca.