Derechos.

A pesar de la vigencia de leyes que reconocen los derechos de las personas con discapacidad, ese sector todavía está excluido y carece de oportunidades para desarrollar sus capacidades.

Un grupo de personas con discapacidad partió en marcha el 15 de noviembre desde Trinidad hacia La Paz, pidiendo la aprobación de la Ley de Trato Preferencial en la Asamblea Legislativa.

El recorrido por la carretera con sillas de ruedas, con muletas y bastones es conmovedor. No obstante, hasta la fecha no hay respuesta del Gobierno.

El proyecto de Ley de Trato Preferencial posee cuatro pilares: jubilación de las personas con discapacidad a los 45 años; inclusión laboral en entidades públicas y privadas (10 por ciento de los cargos en su favor); descuentos del 50 por ciento en tarifas de luz, agua, impuestos y transporte; y el bono dignidad de Bs 3.000 para 25 mil personas con discapacidad severa.

Se calcula que el 10 por ciento de la población boliviana sufre alguna deficiencia y tres de cada diez personas no pueden valerse por sí mismas.

El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Política Social y remitido a la presidencia de la Cámara Baja, para que sea incluido en la agenda legislativa, pero el documento fue rechazado en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.

Por otra parte, hay un proceso de socialización y consenso de una nueva ley de la persona con discapacidad.

Los marchistas también denunciaron el desvío de fondos de 40 millones de bolivianos anuales desde 2009.

Los consejos de personas con discapacidad decidieron, hace dos semanas, en que se construyan tres centros para la fabricación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Asimismo acordaron crear 200 centros productivos para personas con discapacidad en similar número de municipios.

Para Cochabamba, el Servicio de Gestión Social (Sedeges) diseñó un centro para formar y albergar a personas con discapacidad.

Todo lo que se haga por este sectores poco, frente a las enormes necesidades y postergación que padece.

Las personas con discapacidad cuentan con la Ley 1678 aprobada el 15 de diciembre de 1995, después de catorce años de lucha. La Resolución Ministerial 244/08 dispone la obligatoriedad de contratar un 4 por ciento de personas con discapacidad en instituciones y empresas públicas y privadas. Esa norma no se aplica. Tampoco el Decreto 29608 que establece la contratación preferente de personas con discapacidad, la inamovilidad en sus puestos de trabajo, la promoción de unidades productivas, la prioridad en las compras estatales y la concesión de puestos de venta.

Otros derechos de las personas con discapacidad como el de inclusión y de equiparación de oportunidades son vulnerados a diario.

Muchos niños y niñas con discapacidad no asisten a la escuela porque hay barreras físicas en los centros educativos. Pero, las mayores barreras están en la falta de capacitación de maestros y de la población en general para tratar correctamente a las personas con discapacidad.

La marcha hacia La Paz tiene demandas legítimas, pero a la vez revela división de las organizaciones de personas con discapacidad, porque hay entidades que cuestionan sus pedidos.

Por otra parte, la injerencia político partidaria resta fuerza a la lucha. Es momento de que las autoridades y la población presten mayor atención a las personas con discapacidad y que respeten sus derechos. También es urgente la unidad de las personas con discapacidad, o no podrán alcanzar sus objetivos.