El 55 por ciento de la población en Cochabamba vive en viviendas de alquiler y destina hasta la mitad de su salario para el pago de la renta, según datos ofrecidos por la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO).

Por esta razón, tener una casa propia es prioridad en estas familias y para ello, necesitan acceder a un programa de vivienda. La oferta de departamentos y casas en alquiler es amplia, pero los precios son inaccesibles para quienes tienen un salario bajo.

El presidente de OINCO y representante nacional del Comité de Defensa del Inquilino, Aniceto Hinojosa, manifiesta que según los estudios de esta organización, más de la mitad de la población cochabambina vive en cuartos o casas alquiladas y que esta población destina entre el 50 y 60 por ciento de su salario para cubrir gastos por el alquiler de su vivienda.

“Hoy en día, ni siquiera alcanza el salario para cubrir una vivienda adecuada. Vamos a dejar el 50 por ciento del salario para cubrir alquiler de un simple cuarto de tres por tres (metros) y se tiene que vivir hacinado con toda la familia”, explica Hinojosa refiriéndose a mayores incomodidades en familias numerosas.

OINCO tiene en sus registros alrededor de 4.300 familias inscritas y como organización pide ingresar a programas de vivienda que sean accesibles y se adecúen además a las necesidades y la economía de cada inquilino.

Según el representante de OINCO es mejor pagar “poco a poco” para acceder a una vivienda, que continuar pagando montos por alquileres “elevados”.

Los inquilinos cuestionan que los programas actuales para acceder a una vivienda propia no funcionen debido a que los requisitos no son fáciles de cumplir.

El Programa de Vivienda Social que implementa actualmente el Gobierno Central ofrece mil dólares de crédito para poder acceder a un lote en la mancha urbana y que además tenga agua, alcantarillado y luz.

“Con mil dólares dentro de la mancha urbana con esos tres servicios básicos es algo irrisorio ofrecer y buscar, porque no existen terrenos de mil dólares dentro la mancha urbana”, dice Hinojosa. Agrega que el acceso a la tierra también es un obstáculo porque considera que ahora las tierras, incluso fiscales, “están en manos de los loteadores”.

CASA PROPIA Para los inquilinos, el hecho de tener casa propia, además de poseer un bien, incluye la posibilidad de dejar de gastar cada mes en los alquileres.

“Por poder cubrir nuestros alquileres nos estamos descuidando incluso de nuestras familias, de la alimentación, del estudio. Entonces hay una necesidad enorme por querer acceder a un programa de vivienda de interés social”, manifiesta el representante de los inquilinos. La aplicación de nuevas normas es importante para la implementación de planes de vivienda, que incluyan a los sectores que hasta ahora fueron marginados.

Respecto a las opciones de crédito para quienes buscan tener una vivienda propia, piden que no existan intereses.

Considerando los distintos niveles de autonomías en el país, las organizaciones de inquilinos solicitan que las distintas instancias asuman programas según sus competencias para permitir viviendas dignas a los habitantes.

Otra de las opciones para acceder a viviendas es el anticrético, pero para ello se necesita contar con un capital de al menos 17 mil dólares. Las dificultades de acceso al crédito también impiden contar con ese capital.

La Alcaldía proyecta viviendas ecológicas y de alta densidad

La Alcaldía de Cochabamba elabora un proyecto piloto de viviendas ecológicas y de alta densidad.

El oficial mayor de Planificación de la Alcaldía, Sergio Vega, resalta la aplicación de la arquitectura bioclimática y la preservación de entornos ecológicos. Actualmente, ya existe falencia en la posibilidad de encontrar terrenos disponibles para la construcción y las solicitudes a veces se dan en áreas agrícolas, donde no se puede construir.

“De lo que se trata es de que las viviendas planteadas entren en equilibrio con esa vocación de territorios, sin convertir esas zonas en netamente de viviendas”, dice Vega. Explica que en esas zonas se haría agricultura urbana, donde se puedan implementar políticas de vivienda “de alta densidad” con enfoque social, es decir, construcciones verticales, de varios pisos, pero con las especificaciones adecuadas y sobre todo preservando la actividad agrícola e incluso agropecuaria.

En coordinación con el Concejo Municipal y la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO), el Ejecutivo asume propuestas que nacieron de las mismas organizaciones priorizando enfoques diferenciados.

“No vamos a regularizar o crear viviendas en zonas agrícolas. El objetivo es que la Municipalidad se involucre. Sería para proveer de alternativas al crecimiento descontrolado de la mancha urbana”, explica Vega, refiriéndose a que lo importante será la calidad de vida, no sólo restringida al hecho de construir en sí, sino al hábitat en conjunto que implica la vivienda dentro de la urbanización y la urbanización en el concepto urbano.

Implementar este tipo de proyecto necesariamente implicaría el cambio de uso de suelo, pero existirán condiciones específicas de hasta dónde podrán crecer las construcciones para no afectar la actividad agríco-la.

Esta experiencia piloto de vivienda, planteada también por OINCO, permitirá demostrar la capacidad de emplazar viviendas sociales sin la necesidad de construir urbanizaciones tipo campamento, que son las que se observan en distintas zonas o se reflejan en los conflictos por asentamientos ilegales en algunos sectores del territorio municipal.

La Alcaldía prevé tener concluido este proyecto hasta fin de año. Impulsa esta iniciativa de vivienda en el marco de la autonomía municipal, considerando las competencias específicas en temas de vivienda que vendrán de la mano con la aprobación de la carta orgánica municipal y es necesario implementar iniciativas propias.

Faltan servicios básicos en tres de cada diez casas

Se calcula que un millón de viviendas en Bolivia no cuenta con las condiciones de habitabilidad adecuada. En el 54 por ciento de los hogares bolivianos se vive en hacinamiento, con más de dos personas por habitación, el 33 por ciento no tiene agua potable y el 32 por ciento no cuenta con servicio sanitario.

La falta de acceso a la vivienda y a los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad), además, está “directamente relacionada al tema del empleo”, según explica el técnico del Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para la Acción Social (UNITAS), Alfredo Cahuaya.

El experto señala que los problemas urbanos más álgidos que se viven en el país “tienen que ver con la falta de acceso al empleo digno, justamente remunerado, en el cual se cumplan todos los derechos laborales vigentes y reconocidos en las normas internacionales y nacionales existentes”.

Según los datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), al finalizar 2010, cinco de cada 10 trabajadores tuvieron un empleo inestable, con ingresos que no les alcanzaban para alimentar a sus familias y sin aportes a la jubilación. Cedla también señala que el año 2010 en las ciudades del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), el 20 por ciento más pobre de los trabajadores apenas recibía el 4 por ciento de la masa total de ingresos laborales, mientras que el 20 por ciento más rico pasó a concentrar el 48 por ciento de los mismos, 12 veces más en comparación con los más pobres.

“Estas cifras revelan que si bien los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC): empleo, vivienda, servicios básicos, salud y educación, están garantizados en la Constitución Política del Estado, grandes sectores de la población viven con estos derechos vulnerados”, dice Cahuaya.

El artículo 19 de la Constitución Política del Estado señala que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. El Estado promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad.

Prevalece el enfoque neoliberal 

Se intenta atacar el problema de la vivienda (en Bolivia y otros países) con un enfoque totalmente neoliberal, mercantil, o bien que la empresa privada haga; y paguen los que puedan,

o bien que la empresa privada haga y el Estado dé subsidios. Es el modelo chileno que viene desde la época de la dictadura de Pinochet y que fue “muy exitoso”, entre comillas, porque hizo un montón de casas y ahora tiene un montón de problemas: desde las casas que están mal hechas y se caen, hasta la gente que ha dejado de pagar sus hipotecas.

El modelo chileno es a veces subsidiado en 100 por ciento para que la gente compre del sector privado. No está mal el apoyo del Gobierno, lo que está mal es a quién va dirigido, para qué y dónde termina. Tenemos que seguir todo el ciclo, así como pensamos en el agua o los recursos de una manera consciente y circular, no lineal: de dónde viene, cómo lo usamos y a dónde van. Se habla mucho, en qué se está gastando, pero cuando se gasta dicen

“sí le dimos subsidio a la gente más pobre”, pero eso no terminó ahí. La cadena de dinero siguió y ese dinero no sirvió para fortalecer la economía de la gente. No queremos hablar de asentamientos irregulares porque esas son connotaciones negativas que no ayudan a entender el problema de fondo, ni a ver las diferencias, ni reconocen el esfuerzo de la gente que está atendiendo una necesidad y ejerciendo un derecho, porque no hay nadie más que le esté ayudando a hacer eso. La gente construye como puede, en zonas de riesgo con problemas de calidad técnica, porque no hay alternativas.

Se trata de enfocar la producción y la gestión social del hábitat de manera integral.