La ex prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, pidió este jueves a los operadores de justicia esclarecer y sancionar a los responsables de los hechos de La Calancha, los cuales dejaron un saldo de tres muertos y decenas de heridos durante las protestas contra la Asamblea Constituyente ocurridos en noviembre de 2007 en Sucre. 



Las afirmaciones de Cuellar surgen a propósito de conocerse, el pasado martes, la sentencia contra dos ex ministros y cinco ex jefes militares del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes fueron condenados a penas de entre tres y cinco años de cárcel por los hechos conocidos como “octubre negro”. 



Savina Cuellar, quien fue elegida prefecta por la oposición al MAS, pero que antes había llegado a la Asamblea Constituyente en las listas de ese partido, afirmó que el Ministerio Público “terminó archivando el caso La Calancha”, al tiempo que criticó una reciente promesa del Fiscal General de acelerar mas bien el caso “24 de mayo”, en el que es procesada junto a otras ex autoridades y dirigentes de Chuquisaca. 



“No puede el Ministerio Público tapar (los hechos de La Calancha), no están cumpliendo con la Constitución”, criticó la ex autoridad, cuyo frente político se prepara para intervenir en los próximos comicios municipales de diciembre en la ciudad de Sucre. 

La ex Prefecta demandó de las autoridades judiciales juzgar a los responsables de las muertes en noviembre de 2007 al igual que a los dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco militares del Alto Mando Militar de 2003, con penas de entre tres y 15 anos de reclusión. 



“Nosotros pedimos que la justicia también juzgue a los que han matado en La Calancha, todos merecen estar juzgados. Pedimos a la  justicia que, con la misma vara, los juzgue también”, sostuvo Cuellar. 

En noviembre de 2003, la represión policial contra pobladores de Sucre que se manifestaban en las cercanías del Liceo Militar, lugar donde sería aprobada en grande la nueva Constitución Política del Estado con el apoyo de los constituyentes del MAS, dejó un saldo de tres manifestantes muertos y cerca de cuatrocientos heridos. 



El Ministerio Público decidió inicialmente la apertura de un proceso penal y presentó una imputación formal en contra del ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada, además de otros tres altos jefes policiales, pero el caso se encuentra actualmente en espera de una autorización en la Asamblea Legislativa.