Familiares de las víctimas de la denominada "guerra del gas" abandonaron este martes el campamento que habían instalado hace 58 días en demanda de una sentencia condenatoria por el caso "octubre negro", y retornaron a La Paz en medio de un ambiente de conformidad con el resultado del fallo que condenó a distintas penas de cárcel a los siete acusados presentes en este proceso.

Desde tempranas horas de la mañana, las cerca de cincuenta personas que se habían instalado frente a la Corte Suprema de Justicia comenzaron a levantar las carpas y retirar las pancartas que habían colocado en un considerable espacio público, donde permanecieron a la espera de la conclusión del proceso.

La sensación que transmitieron los voceros de ese grupo era de que la sentencia daba "conformidad" a quienes se mantuvieron a la espera del pronunciamiento de la Corte, aunque ésta no hubiese contemplado los veinticinco años de presidio que pedía tanto la acusación como el Ministerio Público.

Los familiares de las víctimas mantuvieron una larga vigilia y a tiempo de dar por concluida la medida agradecieron "a la población chuquisaqueña por la ayuda brindada durante todos estos días", según dijo Juan Quispe, uno de los dirigentes del grupo, quien destacó que las ayudas consistieron en alimentos y vituallas facilitados principalmente por organizaciones populares.

Sin embargo, algunos de los responsables de este movimiento, que agrupa a familiares de los muertos y heridos en las violentas jornadas de septiembre y octubre de 2003, expresaron su disposición a mantener acciones destinadas a lograr la extradición del resto de los acusados dentro de este proceso, en especial del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

La extradición del ex mandatario movimientista y sus dieciséis colaboradores que no se hicieron presentes en este proceso fue planteada también por el Fiscal General, Mario Uribe, quien dijo que las gestiones para lograr la presencia del ex jefe de Estado deben continuar en las instancias diplomáticas pertinentes, a tiempo de advertir las dificultades que Bolivia encuentra en Estados Unidos cuyas aparentes exigencias impiden agilizar esos trámites.