A partir de la promulgación de la Ley Nº 045, “Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación” el objetivo es eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación a través de políticas públicas de protección y prevención de estos fenómenos que generan desigualdades, exclusiones, restricciones o preferencias. En el fondo, su propósito es el de consolidar una sociedad en la que el ejercicio de los derechos, libertades y garantías sea en igualdad de condiciones en la política, la economía, la sociedad, la cultura, o cualquier otra dimensión de la vida pública. Es una ley que al buscar la igualdad y justicia social, no reconoce los privilegios exclusivos, ventajas, ni favores que produzcan inequidades y diferencias atentatorias contra la dignidad y el buen vivir de las personas.

Es esencial comprender, que desde tiempos pasados la discriminación en nuestra sociedad está presente de manera formal como un fenómeno hábil para distinguir a las personas por su status social, para clasificar sistemática e injustamente grupos, para excluir de los beneficios que otorga el Estado, para restringir derechos y en suma, para anular preferencias y reconocimientos en igualdad de condiciones. La actual reforma, legítimamente reconocida, justamente tiene la intención de diluir toda forma de estas diferencias, en el sentido de que toda persona tiene las mismas oportunidades para alcanzar sus objetivos económicos, familiares, de relaciones, laborales y de cualquier índole.

En ese contexto, siendo que la referida ley está vigente en todo el territorio nacional, no se puede justificar bajo ningún argumento, no ejecutarla. Las autoridades, en quienes está depositada la responsabilidad de administrar instituciones o entidades públicas, militares y policiales, no están observando estas reformas de acuerdo con los fines que persigue el Estado cuyo sustento se apoya en valores de solidaridad, dignidad, equilibrio, igualdad de oportunidades, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y especialmente, lo que concierne a la distribución y redistribución de los bienes sociales que el Tesoro General de la Nación otorga para vivir bien.

Justamente, por su importancia la ley tiene carácter vinculante de incuestionable cumplimiento y, viene a constituirse en el instrumento de reflexión que contribuya a los actores cuya acción política está conectada al Estado para -sobre el camino ya trazado- reformular nuevas directrices orientadas a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos.