Cochabamba, Bolivia, Domingo 14 de agosto de 2011
Ciencia y Tecnología
EL DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO, AL AGUA, A LA SALUD E INTEGRIDAD FíSICA SON ALGUNOS DERECHOS VULNERADOS

Proyectos en Corocoro y Tipnis vulneran los DDHH

Por: ZULMA CAMACHO G. zcamacho@opinion.com.bo | 14/08/2011 | Ed. Imp.

La deforestación e invasión de espacios de vida obliga a familias del Tipnis a abandonar su territorio. tipnis



“Yo tomaba agua de este río y mis ganados también, ahora cerca al camino los pastos están con tierra y eso les afecta su estómago, orinan como con sangre y su carne se vuelve amarilla”, expresa preocupada una mujer de la comunidad de Ninoka Chico, La Paz, al referirse a algunos cambios que ha percibido desde que las empresas mineras intensificaron la explotación de minerales en Corocoro.

Este y otros impactos por la implementación del proyecto de explotación minera en Corocoro y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos son revelados e identificados por los representantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Ceadesc). Según la investigadora del Ceadesc, Adriana Soto, estos megaproyectos o proyectos de desarrollo propuestos por el Gobierno vulneran los Derechos Humanos como el derecho a la tierra y el territorio ancestral, a la consulta libre previa e informada, así como el derecho al agua, la salud, alimentación y acceso a la justicia, integridad física y seguridad de las personas.

IMPACTOS El estudio realizado por Ceadesc en Corocoro constató la vulneración a los derechos humanos de 600 habitantes de las comunidades Ninoka Chico, Calari Chico, Huayojtata y Sicuipata de la zona Caquingora del territorio indígena Jach’a Suyu Pakajaqi (JSP) por el proyecto minero co-gestionado por la empresa estatal Comibol y la transnacional Kores de Corea del Sur.

En la región del Tipnis alrededor de 15 mil indígenas de 64 pueblos moxeños, yuracarés y chimanes se ven amenazados por el proyecto carretero.

Uno de los principales impactos en las comunidades es la eliminación de su identidad cultural, reflejada en el cambio hábitos y la pérdida de prácticas culturales que milenariamente mantuvieron una relación armónica con la naturaleza, de conservación y respecto a la vida en todas sus expresiones.

“Las palabras del Gobierno respecto a que la carretera les permitirá trasladar y comercializar sus productos no son coherentes. Los indígenas no son agricultores, no explotan la naturaleza, son escencialmente cazadores y recolectores”, reprocha el representante del Movimiento por la Defensa del Tipnis, Pablo Rojas.

Además de la riqueza natural, la grandeza del Tipnis se expresa en la riqueza cultural de sus habitantes. La relación armónica entre el hombre y naturaleza ha permitido la coexistencia de ambos sin que ninguna se sobreponga a la otra sino más bien reproduciendo su conservación, como principio de vida. El docente investigador del Centro Universitario Agroecología Universidad Cochabamba (Agruco/UMSS), Nelson Tapia, explicó que la conservación de las formas de vida de las comunidades indígenas en sus ámbitos social, espiritual y material, son considerados como estrategias autosostenibles para el desarrollo endógeno (desde adentro).

Recuerda que desde septiembre de 2009, cuando se anuncia la construcción de la carretera, comienza la invasión de colonizadores en el territorio indígena y la devastación de más de 27 kilómetros de bosques primarios. Cruentos enfrentamientos amenazaron la vida de comunarios de San Miguelito, que ejercían su derecho a proteger su territorio, legalmente reconocido por el Gobierno. A partir de entonces el Gobierno fijó la franja de seguridad para impedir asentamientos ilegales pero en esta zona los bosques primarios ya desaparecieron y se habilitaron cocales. Según los registros de las autoridades del Tipnis, 23 comunidades indígenas se redujeron a 14 en sólo ocho años de avasallamiento de tierras.

Al desaparecer el bosque y ríos, que son la principal fuente de vida, a los habitantes no les queda más que migrar o quedarse como peones de los colonos.

“Los pueblos indígenas desaparecen y sólo quedan los sindicatos cocaleros”, asevera Rojas.

Dijo también que en este caso se vulneró el derecho a la consulta libre previa e informada y en consecuencia el derecho a la propiedad y posesión de sus territorios ancestrales.



EXPLOTACIÓN En Corocoro de las 140 crías de ovejas que cada año nacían ahora sólo llegan a 40.

La calidad y cantidad de pastizales se han reducido y la contaminación del agua ha repercutido directamente en su salud, seguridad alimentaria y economía familiar.

“A nivel mundial se está promoviendo que el Estado obligue a las empresas a realizar la “Evaluación de Impactos sobre los Derechos Humanos”, lo que permitiría tener una visión más integral y cabal de los impactos que traerían las empresas no sólo al medio ambiente sino también a las personas y pueblos”, dijo el director de Ceadesc, Jorge Cortés, durante el foro debate “Bajo la Lupa”.

Las relaciones sociales y la justicia

La denuncia de los impactos negativos y la violación a los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) ha provocado en los últimos tiempos el debilitamiento y en algunos casos, la ruptura de las relaciones armónicas al interior de las comunidades, pero también a nivel de las organizaciones sociales y del Gobierno.

“Las autoridades originarias y las familias denunciantes están siendo víctimas de continuas amenazas de los trabajadores y aliados de las empresas”, alerta la investigadora del Ceadesc, Adriana Soto.

Asimismo señala que los asesores de las organizaciones son perseguidos y amenazados.

“Estos hechos vulneran y ponen en riesgo el derecho a la integridad personal y seguridad física”, precisó.

Con relación al derecho al acceso a la justicia, lamentó que las mujeres de la comunidad, a pesar de buscar el diálogo, hayan sido criminalizadas.

“Yo jamás pensaba que en un Gobierno popular podríamos ser intimidados de esta forma, somos originarios de esta tierra y eso no se está reconociendo”, denunció Fausto Challapa, el líder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, del municipio de Arque, donde la organización apoya la demanda de los pueblos del Tipnis.

Gobierno propone un plan integral para mitigar impacto

ZULMA CAMACHO G.

zcamacho@opinion.com.bo



Autoridades de Gobierno proponen mitigar los impactos socioculturales a través de estrategias integrales intersectoriales para la implementación de proyectos.

“Las comunidades locales van a modificar su vida colectiva, lo que tenemos que hacer es que ese cambio de vida sea positivo”, señaló el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, a tiempo se explicar que las estrategias para mitigar los impactos socioculturales deben ser orientados por las poblaciones.

La propuesta parte de una estrategia integral intersectorial, donde deben intervenir los diferentes ministerios con presupuestos compatibles según sus competencias.

“El resquebrajamiento de las relaciones sociales es un tema acumulativo históricamente. En este momento la gestión ambiental está enfocada a otorgar la licencia; si incumplen se sanciona y al final tenemos multas cobradas y pasivos ambientales y sociales enormes”, expresó la viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal, Cynthia Silva.

La propuesta incluye que cada proyecto y programa debe incorporar, desde sus inicios, los aspectos sociales y ambientales desde el diseño y lograr la integralidad.

Silva informó que actualmente el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en dos líneas: la modificación de la normativa de gestión ambiental, cuya base es la Ley de la Madre Tierra y el abordaje de los problemas de manera integral, donde todas las instituciones involucradas en salud, educación, medio ambiente, minería y otras se articulen de manera conjunta a través de sus presupuestos.

Una primera experiencia se desarrolla en la cuenca de Huanuni donde la empresa trabaja para superar los pasivos ambientales, el ministerio realiza las auditorías ambientales y el sector de salud está con los análisis y evaluaciones.

“La acumulación de problemas es tan grande y no se puede superar de la noche a la mañana, pero con voluntad y enfocándolos de manera integral, puede superarse”, dijo.

La estrategia es una propuesta que los indígenas y organizaciones deben debatir para fortalecer sus capacidades de gestión territorial indígena.

Pueblos del TIM no aprobaron el tramo III

Tan grave como las transgresiones en el TIipnis es la denuncia del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) por el cual también pasa la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en su tramo III. En el Encuentro de Corregidores del TIM, el 26 de junio de 2011, se denunció la otorgación de la licencia ambiental sin la consulta previa.

“Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico jamás tuvieron conocimiento del proyecto de diseño final de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, señala el voto resolutivo.

También determinaron demandar al Gobierno Nacional el respeto a su derecho a la consulta previa antes de iniciar un megaproyecto, de acuerdo a las normas nacionales, internacionales, los convenios y demás tratados. Denunciaron que la viceministra Cynthia Silva, incumpliendo sus deberes, habría otorgado la Licencia Ambiental del tramo III. A esto suman que el presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró las obras con “una licencia ilegal del tramo III y la falta de licencia del tramo II” (por el Tipnis).

Con la implementación y proyección de nuevos emprendimientos productivos y de infraestructura, el Gobierno vulnera más de 50 artículos expresados en la Constitución Política del Estado (CPE), los Derechos Humanos, los Derechos de la Madre Tierra, leyes y tratados internacionales, según el análisis del representante del Foro Cochabambino sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Focomade), John Zambrana.

Entre los años 1977 y 2008 Bolivia participó y firmó 26 tratados internacionales referidos a los Derechos Humanos, individuales y colectivos.

Una denuncia presentada ante la comisión permanente de Derechos Humanos, el 12 de agosto de 2011, sustenta las múltiples transgresiones. Una de ellas es el desconocimiento de las normas, instituciones y procedimientos de los pueblos indígenas, respaldado por el artículo 290 de la CPE. Las autoridades del Tipnis, por ejemplo, en el Encuentro de Corregidores, instancia máxima de decisión, determinó el “rechazo contundente e innegociable a todo trazo carretero que afecte su territorio”. El inicio de las conversaciones y posterior desconocimiento del valor vinculante es considerado otra transgresión a la CPE que en su artículo 192 señala que: “Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina”.


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