Este 12 de Junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El Estado tiene la responsabilidad primera y decisiva para solucionar esta situación.

La Constitución Política del Estado señala una serie de normas superiores para la protección de la niñez y adolescencia estableciendo sus derechos, el deber del Estado en relación a ellos y prohibiciones que buscan protección integral de los menores.

La realidad sin embargo, trasciende estos principios y el problema de la minoridad desamparada y explotada alcanza niveles de enorme preocupación, porque las políticas generales de Estado no logran cubrir ni los preceptos más básicos en relación a las declaraciones constitucionales.

Un reciente informe del Ministerio de Trabajo señala que en Bolivia hay un registro de 850 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores de los cuales 746 mil realizan labores que ponen en riesgo su salud, integridad física y mental.

El estudio es un avance para establecer el diagnóstico de la minoridad que participa en trabajos y que según el mismo, se identifican 23 situaciones en que esas actividades representan serio riesgo para su integridad física como la zafra de caña, de castaña, la minería, pesca, ladrilleras, venta de bebidas alcohólicas, recolección de basura y otros más. Un dato significativo que cobra interés en el análisis es que en el área urbana son 76 mil niños y 58 mil niñas de entre 5 y 13 años que están en tareas peligrosas, mientras en el área rural son 160 mil niños y 143 mil niñas, es decir que las condiciones más adversas se encuentran en el campo.

La realidad de nuestro país y la que está más ante nuestros ojos es la que cotidianamente presenciamos en las calles de la ciudades donde miles de niños se encuentran forzados a ganarse la vida de las más diversas formas y entre ellas mediante actividades de peligrosidad.

La Convención de Derechos del Niño declara la prohibición de que se reclute menores de edad en trabajos, pero todo queda en lo declarativo ya que a diario no sólo vemos esta dura realidad, sino que conocemos de trabajos donde se explota a los menores.

Una vez que tenemos el diagnóstico, instrumento necesario para empezar a superar situaciones difíciles, qué puede hacer el Estado y las instituciones y la sociedad misma para empezar a revertir el problema. Hasta el momento ningún gobierno ha dado cumplimiento a los resguardos constitucionales en favor de los niños bolivianos.

Si bien las causas son conocidas a partir de la pobreza, los factores como falta de acceso a la educación, empleos para los padres, las corrientes migratorias del campo a la ciudad y la falta de asistencia de planes estatales en las áreas rurales, la falta de políticas nacionales, agravan la situación, aunque el mayor problema es no hacer nada frente a situaciones extremas que comprometen la vida de los niños y niñas.

El problema es complejo, porque de una lado está la necesidad del trabajo y por otro una situación donde no se cumplen las leyes, lo que a su vez acarrea la explotación de menores que se agrava en trabajos tan duros como en la minería o en la cosecha de la caña de azúcar en una realidad extrema porque los empleadores prefieren la mano de obra de los menores por ser más barata que la de los adultos.

Este 12 de Junio se conmemora el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil que fue instituido el 2002. Desde esa fecha poco o nada se ha hecho para generar mejores perspectivas de vida para los niños trabajadores y para que se respeten sus derechos. Y hacer algo significa erradicar la pobreza, el analfabetismo y mejorar la salud, El Estado en este sentido, tiene la responsabilidad primera y decisiva.