Fiscalización. Autoridades aduaneras y militares deben explicar el nivel de mando y de fiscalización que emplean en el control y lucha contra el contrabando.

Muchas veces se ha dicho que introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de interdicción contra actos delictivos es ponerlas en riesgo de que algunos de sus miembros se corrompan. Esta situación ha sido detectada por las autoridades de la Aduana Nacional que a través de su presidenta Marlene Ardaya, ha denunciado que el contrabando “corrompe y contamina” a algunos oficiales de la institución castrense.

El hecho ha sido informado cuando se descubrió un camión del Regimiento Mejillones II en el puente Español de Oruro, que transportaba mercadería ilegal a cargo de un suboficial y tres soldados junto a una comerciante.

Un antecedente funesto de la participación de las Fuerzas Armadas se registró durante el gobierno de Luis García Meza, hace más de tres décadas. Los militares participaron en la lucha contra el narcotráfico y se vieron involucrados en graves hechos con el mismo narcotráfico en una situación que originó el mayor desprestigio de la institución, porque incluso se descubrió que camiones militares transportaban droga desde el Chapare en horas de la noche hacia el oriente boliviano.

Sin embargo en el caso del contrabando, las Fuerzas Armadas son requeridas para controlar las fronteras del país y su actuación está amparada constitucionalmente. El contrabando se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta Bolivia desde hace muchos años y se trata de un fenómeno estructural que origina enormes pérdidas a las arcas fiscales y a la industria nacional que trabaja en condiciones desventajosas.

La actividad ilícita de introducir mercaderías a territorio nacional no ha logrado, hasta el momento, ser combatida de manera efectiva pese a nuevas leyes que están en vigencia, aunque hay que reconocer que por lo complejo del problema erradicar el contrabando es un asunto difícil.

Por un lado se tiene que realizar un balance de todo lo que se ha avanzado en la lucha contra el contrabando a partir de las nuevas leyes, de la anunciada reorganización y además que los ciudadanos conozcan cuánta gente está siendo procesada por estos delitos, es decir, es necesario que los bolivianos estén debidamente informados en sentido de que si los planes que se han puesto en marcha tienen o no resultado o por el contrario, si los contrabandistas se están dando modos para continuar con el delito comprometiendo incluso a algunos miembros de las Fuerzas Armadas.

De igual modo, las autoridades de los altos mandos militares deben realizar un balance sobre la participación de la institución. En cualquier acción que asuman los militares y que esté relacionada con el combate al delito organizado, cuya tarea principal es de la Policía, siempre existirá un costo. Es necesario que las autoridades aduaneras y militares expliquen también cuáles son los métodos operativos que delinean las acciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos a partir de la selección de los efectivos militares, su entrenamiento y los sistemas de fiscalización que se emplean y la línea de mando. Si no existen métodos de fiscalización el mal que representa el contrabando podría agravarse mucho más, originando otro de significación, afectando la imagen y honorabilidad de la institución militar.

El hecho de que este grupo de militares esté comprometido con el contrabando ha generado reacciones de la oposición y tienen sentido en la necesidad de que este caso sea investigado. Es urgente establecer si se trata de un asunto aislado o tiene ramificaciones en otros niveles.