Redacción Central/ANF.- La justicia comunitaria debe estar supeditada a la justicia ordinaria y ser susceptible de monitoreo constante para garantizar su correcta administración, aseveró Thor Halvorssen, presidente de la Human Rights Foundation.

Los criterios del directivo de la fundación de los derechos humanos, expresados en la página institucional de la entidad, están relacionados con acciones atribuidas a la "justicia comunitaria" en Bolivia, como linchamientos.

Esta práctica (ejecuciones sumarias) es absolutamente alarmante y violatorio del derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso. Si ha de establecerse formalmente la justicia comunitaria, la misma tiene que estar supeditada a la justicia ordinaria y ser susceptible de monitoreo y revisión constante para garantizar su correcta administración. De lo contrario estaríamos en presencia de una gran injusticia comunitaria, aseveró Halvorssen.

Funcionarios de la organización aseguran que la "justicia comunitaria está basada en los usos y costumbres, y permite que los líderes de las diferentes comunidades indígenas puedan tomar la justicia por sus propias manos".

En este contexto, consideran que su aplicación ha dejado un saldo entre noviembre de 2005 y septiembre de 2007 de veintiocho (28) casos que van desde servicio a la comunidad hasta pena de muerte, incluyendo chicotazos o azotes y hasta crucifixión.

La Human Rights Foundation presentó, este lunes, un informe al respecto, a través de su página web (www.laHRF.com), en el mismo se citan los casos del alcalde de Ayo Ayo, de José Luis López, y de Marcelino Rojas Parra, entre otros.

Benjamín Altamirano, alcalde de Ayo Ayo, fue secuestrado en junio de 2004 por un grupo de indígenas. Luego de ser secuestrado, fue trasladado por la turba a Ayo Ayo donde fue linchado, apedreado, colgado y finalmente quemado vivo, sostiene el documento.

Además, se citan los casos de José Luis López, de 26 años de edad, por ser confundido con un ladrón fue objeto de torturas y amarrado a un árbol de hormigas, del que fue rescatado por la Policía. Marcelino Rojas Parra, de apenas 16 años de edad, fue golpeado con palos y piedras hasta morir, luego de ser arrebatado de manos de la Policía rural, que lo había detenido bajo sospecha de robo de una motocicleta.